¿Cómo afecta la sentencia del Tribunal Supremo a la reclamación de la plusvalía municipal?

¿Cómo afecta la sentencia del Tribunal Supremo a la reclamación de la plusvalía municipal?

El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía municipal, grava los incrementos de valor de los inmuebles urbanos que se pongan de manifiesto en cualquier acto de transmisión.

Sin embargo, en ocasiones, a pesar de producirse una transmisión, esta no se traduce en un incremento de valor, y aun así, la administración local ha venido exigiendo el pago del tributo, basándose en normas hoy declaradas inconstitucionales.

Las sucesivas sentencias del tribunal constitucional sobre esta cuestión han provocado el pronunciamiento del Tribunal Supremo en casación, aclarando por fin el criterio a seguir en estos casos, lo cual supone un cambio importante en relación a la reclamación de la plusvalía municipal.

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¿En qué consiste la reclamación de la plusvalía municipal?

El artículo 107 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece la base imponible en el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (la plusvalía municipal), fue declarado inconstitucional en parte por la sentencia del Tribunal Constitucional número 59/2017, de 11 de mayo, debido a que no dejaba opción al contribuyente para demostrar que no se había producido el incremento de valor que es objeto de tributación.

Posteriormente, otras sentencias han incidido sobre el mismo punto, como la sentencia del Tribunal Constitucional número 182/2021, de 26 de octubre.

Como consecuencia, se modificó la ley introduciendo esta posibilidad (artículo 104.5) y estableciendo un supuesto de no sujeción al impuesto si se demuestra que no ha existido incremento de valor.

Con ello, se daba cumplimiento al principio constitucional recogido en el artículo 31.1 de la Constitución, en virtud del cual, todos los españoles contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos en proporción a su capacidad económica mediante un sistema tributario que no puede, en ningún caso, tener carácter confiscatorio. 

Todo ello dio lugar a que se habilitara la posibilidad de que el contribuyente que había pagado el impuesto cuando no correspondía hacerlo pudiera reclamar la devolución de lo pagado a la Administración tributaria, basándose en la nulidad de los preceptos en los que se fundamentó la liquidación del impuesto.

El cauce habilitado para ese fin fue la reclamación de la plusvalía municipal. 

¿Cuáles han sido los requisitos para reclamar la plusvalía municipal?

Hasta el momento, los requisitos para poder reclamar la plusvalía municipal han sido los siguientes:

  • Haber presentado la autoliquidación del impuesto en el ayuntamiento.
  • Poder acreditar que no se produjo un incremento de valor como consecuencia de la transmisión del inmueble.
  • Que no hayan transcurrido 4 años desde la autoliquidación y pago voluntario del impuesto.

El procedimiento consiste en acudir al ayuntamiento y presentar un escrito de rectificación de autoliquidaciones solicitando la devolución de los ingresos realizados indebidamente en concepto de plusvalía.

También se puede reclamar la plusvalía por liquidaciones realizadas por el propio ayuntamiento, en cuyo caso, no puede haber transcurrido más de un mes desde la liquidación y se debe presentar un recurso de reposición también ante el mismo ayuntamiento.

Si este es desestimado, aún cabe acudir a la vía judicial, por la jurisdicción contencioso administrativa, reclamando ante un órgano superior el cobro indebido por parte del ayuntamiento.

¿Qué ocurre si se han pasado los plazos para reclamar la plusvalía?

Cuando ya han transcurrido los plazos para recurrir la resolución del ayuntamiento por la que exigía el impuesto, la resolución se hace firme, eliminando en principio toda opción de recurso posterior. 

Esto ha sido así hasta el momento porque la jurisprudencia entendía que los actos firmes no eran susceptibles de recurso, al no verse afectados por la declaración de inconstitucionalidad de la norma tributaria.

Los tribunales han venido aplicando criterios dispares sobre este asunto, también el Tribunal Supremo, y ello fue lo que motivó el recurso de casación para unificación de doctrina que ha tenido su resolución mediante sentencia del Tribunal Supremo número 339/2024, de 28 de febrero.

¿Qué consecuencias tiene la sentencia del Tribunal Supremo sobre la reclamación de la plusvalía?

La sentencia del Tribunal Supremo número 338/2024 ha declarado que, a partir de ahora, también se podrá reclamar la plusvalía municipal indebidamente pagada en caso de resoluciones firmes, es decir, cuando ya han transcurrido todos los plazos disponibles para recurrir la autoliquidación o la liquidación, según el caso.

Hasta el momento, las resoluciones firmes quedaban fuera de la posibilidad de reclamación, pero el Tribunal Supremo ha considerado que se estaban vulnerando los derechos constitucionales de los contribuyentes y que la nulidad derivada de una declaración de inconstitucionalidad, a menos que el Tribunal Constitucional diga expresamente lo contrario, se producen ex tunc, es decir, con efecto retroactivo, desde el origen, como si la norma nula nunca hubiera existido.

¿Cómo se puede reclamar la plusvalía en caso de resolución firme?

El Tribunal Supremo ha zanjado la controversia existente sobre el uso del cauce del artículo 217 de la Ley General Tributaria para reclamar lo pagado mediante un recurso de revisión por nulidad del precepto legal.

Los detractores de esa postura (el propio Tribunal Supremo entre ellos, según el criterio manifestado en algunas de sus sentencias) aducían que la pretensión perseguida no tenía cabida en ninguno de los supuestos contemplados por el artículo 217, y, por tanto, no procedía pedir la revisión del acto de liquidación y su declaración de nulidad por este procedimiento.

A raíz de la sentencia de casación del Tribunal Supremo número 339/2024, se ha aclarado que el supuesto de reclamación de pago indebido a causa de la nulidad del precepto legal en que se fundamentaba la obligación se puede considerar incluido en la letra g) del apartado 1.

1. Podrá declararse la nulidad de pleno derecho de los actos dictados en materia tributaria, así como de las resoluciones de los órganos económico-administrativos, que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los siguientes supuestos:

[...]

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.

Artículo 217.1.g) de la Ley General Tributaria

En cuanto a la forma de declarar la nulidad del acto y, por tanto, reclamar la plusvalía municipal pagada indebidamente en caso de resoluciones firmes, el mismo artículo establece dos formas posibles de iniciar el procedimiento:

  • De oficio, a instancia de la propia Administración, por acuerdo del órgano que dictó el acto o de su superior jerárquico.
  • A instancia del interesado.

Esta novedad supone que, a partir de este momento, cualquier acto de liquidación por el cual se haya requerido para el pago de la plusvalía municipal en supuestos en los que no se había producido un incremento de valor del inmueble (y, por tanto, supuestos de no sujeción al impuesto) puedan reclamarse por el interesado o revisarse de oficio, teniendo que proceder el ayuntamiento a la devolución de lo cobrado indebidamente.

El requisito de la no firmeza de la resolución ha desaparecido. 

¿Pueden ser revisadas todas las resoluciones firmes de cobro de la plusvalía?

No todas las resoluciones firmes pueden someterse a revisión, ya que el artículo 40.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional establece una limitación al alcance de la posibilidad de revisión de actos firmes: 

  • No podrán revisarse procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las leyes, disposiciones o actos inconstitucionales
  • Como excepción, sí se podrán revisar si se trata de procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que la nulidad de la norma aplicada pueda derivar en una pena o sanción menor o en una exención o limitación de la responsabilidad.

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