La incapacitación judicial: requisitos y procedimiento

Incapacitación judicial

A veces, las personas ven reducida su capacidad de raciocinio o comprensión, por muy variadas circunstancias. Precisamente para dar respuesta a esas situaciones, existe la opción de la incapacitación judicial, una solución de interés para el propio afectado.

Mediante esta figura, una sentencia judicial permite retirar la capacidad de obrar y de realizar actos jurídicos a la persona que se encuentra en alguna de las causas de incapacitación que establece la ley.

A continuación, se explica en qué consiste la incapacitación, qué requisitos tiene y cuál es su alcance.

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Requisitos para la incapacitación judicial

La incapacitación judicial le retira al sujeto la capacidad de actuar, con un matiz: no se le priva de su capacidad jurídica para ser sujeto de derechos y obligaciones, de la que dispone desde su nacimiento y hasta su muerte.

De lo que se le priva, por contra, es de su capacidad de obrar y de realizar actos jurídicos válidos.

Cuando una persona no puede actuar libre y conscientemente, conviene protegerla de posibles engaños o abusos mediante la incapacitación judicial.

Se trata de una figura que se regula en el Código Civil, con las máximas garantías para el afectado. Unas garantías que se materializan en la necesidad de contar con una sentencia judicial, basada en la existencia de causas suficientes de incapacitación.

Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma.

Artículo 200 del Código Civil

Estas causas de incapacitación son:

  1. Padecer una enfermedad o deficiencia física o psíquica que disminuya o deteriore la personalidad, la capacidad volitiva y la toma de decisiones, de forma que se convierta en inhabilitante para el pleno ejercicio de los propios derechos civiles y obligaciones.
  2. Que dé lugar a una disminución o a una pérdida de la capacidad de autogobierno de la persona afectada.
  3. Que esa deficiencia o enfermedad sea persistente en el tiempo, o al menos se prevea cierta duración.

¿Cuál es el alcance de la incapacitación judicial?

La incapacitación puede alcanzar a la protección y guarda de la persona y de su patrimonio. O bien limitarse solo a la protección de la persona o sus bienes.

Existen, concretamente, tres figuras para llevar a cabo esta protección.

  • La tutela: el tutor se convierte en el representante legal de la persona incapacitada, con un carácter fijo y permanente.
  • La curatela: el curador se limita a ayudar a la persona afectada a formar su voluntad, pero sin sustituirla y sin ser su representante. Más bien se convierte en su asesor.
  • El defensor judicial: se nombra para defender los intereses de los incapacitados cuando surgen conflictos de interés con su tutor o curador. También se emplea en los casos en que el tutor o curador no desempeña correctamente sus obligaciones, o mientras recae la resolución judicial de incapacitación.

El nombramiento del tutor

El nombramiento del tutor lo realiza el juez, según el orden de preferencia establecido por la ley:

  1. El elegido ante notario por el propio tutelado antes de su incapacitación (autotutela).
  2. El cónyuge que convive con el tutelado.
  3. Los padres del tutelado.
  4. Las personas designadas en las últimas voluntades del tutelado.
  5. El descendiente, ascendiente o hermano que designe el juez.

Hay que saber que este orden puede alterarse si el juez lo considera conveniente y beneficioso para el tutelado.

El tutor, por su parte, necesita la autorización judicial para algunos actos sobre el tutelado o su patrimonio. Por ejemplo, para:

  • Internar al tutelado en un centro de salud mental o de educación especial.
  • Enajenar bienes inmuebles, joyas, acciones, o realizar préstamos.
  • Arrendar bienes por más de 6 años.
  • Renunciar a ciertos derechos por parte del tutelado.
  • Realizar gastos extraordinarios sobre los bienes.
  • Interponer demandas de mayor cuantía.

El procedimiento para la incapacitación judicial

El procedimiento para la incapacitación consta de los siguientes pasos:

  1. Interposición de la demanda de incapacidad: la pueden promover el cónyuge o pareja, los ascendientes o descendientes, los hermanos o el Ministerio Fiscal. La demanda se acompaña de todos los documentos médicos que acrediten la enfermedad o deficiencia que impide autogobernarse al afectado.
  2. Los medios de prueba: admitida la demanda, el juez debe practicar tres medios de prueba, que son la audiencia a los familiares más próximos, el examen personal del incapaz y el dictamen del médico forense.
  3. La sentencia de incapacitación judicial: debe concretar el alcance y los límites de la incapacitación, el régimen de tutela, los datos del tutor, los mecanismos para su control y su duración.

También se puede solicitar, mientras se tramita la incapacitación, que el juez tome medidas cautelares. A veces, se necesitan para proteger al incapaz o a su patrimonio.

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