¿Qué es el delito de falsedad documental?

Delito de falsedad documental

El delito de falsedad documental se configura cuando el autor lleva a cabo acciones como la alteración, simulación, modificación o falsificación de un documento, ya sea creando uno nuevo a partir de un documento falso o adulterando algún elemento esencial del original.

Este delito está regulado en los artículos 390 a 399 del Código Penal.

A continuación, explicamos las nociones básicas del delito de falsedad documental, así como su regulación y sus penas.

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¿En qué consiste el delito de falsedad documental?

Este delito abarca diversas acciones, como la falsificación, alteración, simulación o modificación de elementos esenciales en un documento. Esta práctica puede extenderse a la totalidad o solo partes del documento en cuestión.

Por lo tanto, el delito de falsedad documental puede surgir:

  • Cuando se altera la verdad en un documento. Esto implica la modificación de información para hacer que el documento exprese algo que no es verdadero.
  • Si se cambian datos relevantes en un documento. Esto comprende la inclusión o eliminación de información clave con la intención de engañar.
  • Con la duplicación documental. Este escenario lleva consigo la creación de una copia falsa de un documento original con la clara intención de engañar a otros.

¿Qué se considera “documento” desde el punto de vista jurídico?

Según el artículo 26 del Código Penal, el término “documento” abarca cualquier soporte material que exprese o contenga datos, hechos, o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica.

Esta definición amplia y precisa se convierte en la base para la interpretación legal de lo que constituye un documento en el ámbito penal.

Con base en lo anterior, se puede señalar que el concepto de “documento” abarca diversos tipos de soportes materiales que van más allá del papel tradicional. Desde documentos físicos hasta registros digitales, todos se incluyen en esta categoría siempre que expresen información con valor probatorio o relevancia jurídica.

Tipos de falsedad documental

El Código Penal clasifica el delito de falsedad documental en varias categorías según el tipo de documento falsificado o el sujeto que lo comete.

En primer lugar, se aborda la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles, así como los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación. En segundo lugar, los documentos privados. En tercer lugar, los certificados y, por último, los medios de pago.

Veamos con mayor detalle cada una de estas modalidades:

Falsificación de documentos públicos, oficiales, mercantiles y de telecomunicaciones

Este tipo de delito se refiere a la manipulación de documentos vinculados con el gobierno, la administración pública y actividades comerciales. Ejemplos incluyen actas notariales, registros oficiales, facturas y contratos.

Este delito solo puede ser cometido por autoridades o funcionarios públicos.

Otro aspecto contemplado por el Código Penal es la falsificación de documentos asociados con servicios de telecomunicación. Esto incluye la creación de facturas falsas, la alteración de registros de llamadas y la suplantación de identidades en servicios en línea.

Falsificación de documentos privados

El delito de falsificación de documentos privados aborda la manipulación de documentos de propiedad privada, como cartas, poderes notariales y testamentos. Requiere tanto el dolo falsario como el dolo específico de causar perjuicio.

Además, se castiga a aquellos que presenten documentos falsos en juicio o los utilicen para perjudicar a otros.

Falsificación de certificados

La falsificación de certificados, como títulos universitarios o certificados de nacimiento, constituye otro delito contemplado en el Código Penal. Puede ser cometido por facultativos, particulares, funcionarios públicos y autoridades.

La ley sanciona tanto al falsificador como al traficante y al usuario consciente del documento falsificado, con excepción de certificados relacionados con la Seguridad Social y la Hacienda Pública.

Falsificación de medios de pago

La alteración, copia, reproducción o falsificación de estos instrumentos de pago, así como su distribución, tráfico, tenencia y uso consciente en perjuicio de otro, conlleva sanciones que aumentan si los efectos falsificados afecten a un grupo de personas o si son ejecutados por una organización criminal.

¿Con qué penas se castigan los delitos de falsedad documental?

En términos generales, el Código Penal español establece que la falsificación de documentos públicos puede acarrear penas de prisión que oscilan entre 3 y 6 años. Por otro lado, el delito de falsedad en documento privado puede resultar en penas de prisión que van de 6 meses a 3 años.

El delito de falsificación de medios de pago, como tarjetas de crédito o débito, cheques y otros instrumentos, tiene sanciones específicas. Las penas de prisión para la falsificación de estos instrumentos van de 4 a 8 años, siendo más severas si afectan a un grupo de personas o si son perpetradas por una organización criminal.

Además, la tenencia, uso consciente y posesión de estos medios de pago falsificados también conlleva penalidades, incluyendo multas y prisión según la gravedad de los actos.

Prescripción de los delitos de falsedad documental

Cuando un particular comete el delito de falsedad documental, la prescripción, según el Código Penal español, se establece en 5 años. En términos simples, esto significa que la acción penal para perseguir este delito expirará después de transcurridos 5 años desde su comisión.

En el caso de que el delito de falsedad documental sea cometido por un funcionario o autoridad, la prescripción puede variar en función de la gravedad del acto y la legislación aplicable. En términos generales, los delitos graves de falsedad documental perpetrados por funcionarios públicos prescriben a los 10 años, mientras que los menos graves prescriben a los 5 años.

No obstante, se debe tener en cuenta que, en situaciones específicas, como la falsificación de documentos notariales o judiciales, la prescripción puede extenderse hasta los 15 años.

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