El delito de atentado contra la autoridad constituye una de las figuras penales que buscan garantizar el respeto y la protección de quienes desempeñan funciones públicas. Su tipificación responde a la necesidad de preservar el orden público y asegurar que las autoridades, funcionarios y demás servidores públicos puedan ejercer sus competencias sin interferencias ni riesgos indebidos para su integridad.
A continuación, vamos a ver en qué consiste el delito de atentado a la autoridad, con qué penas se castiga y cuáles son los requisitos para su comisión.
Podemos ayudarle
En Simarro & García Abogados encontrará abogados especialistas en derecho penal en Murcia. Si necesita un despacho con amplia experiencia en la materia, contacte con nosotros e infórmese sin compromiso.
Contacte con nosotros¿Cuándo se comete un delito contra la autoridad?
El delito de atentado contra la autoridad está regulado en los artículos 550 a 556 del Código Penal, bajo la rúbrica de los delitos contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de la resistencia y desobediencia.
Se comete cuando una persona agrede, acomete, intimida gravemente o se resiste con violencia o de manera grave a una autoridad, a sus agentes o a un funcionario público, siempre que ello ocurra durante el ejercicio legítimo de sus funciones o con ocasión de las mismas.
Se trata de un delito de mera actividad (basta con la conducta típica sin necesidad de que se produzca un resultado lesivo) y doloso (requiere la intención de atentar contra la autoridad), donde el bien jurídico protegido es el orden público y, en particular, la seguridad ciudadana, entendida como el respeto a los valores jurídicos que fundamentan la convivencia social.
¿Cuáles son los requisitos del delito de atentado a la autoridad?
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha perfilado los requisitos esenciales para apreciar este delito:
- Que la víctima tenga la condición de autoridad o funcionario público en los términos del Código Penal.
- Que el ataque se realice con ocasión del ejercicio de sus funciones legítimas. No se configura el delito si el funcionario actúa fuera de la legalidad o extralimitándose en sus competencias.
- Que la conducta consista en acometimiento, violencia, intimidación grave o resistencia activa grave.
- Que el autor conozca la condición de autoridad o funcionario de la víctima y actúe con dolo, es decir, con la intención de menoscabar el principio de autoridad.
¿Qué se entiende por autoridad a efectos del delito?
El artículo 24 del Código Penal establece que, a efectos penales, se reputará autoridad a quien, por sí solo o como miembro de una corporación, tribunal u órgano colegiado, tenga mando o ejerza jurisdicción propia.
Se consideran en todo caso autoridad los miembros de las Cortes Generales, de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y del Parlamento Europeo, así como jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal.
Además, el propio artículo 550 incluye expresamente como posibles víctimas de atentado a los funcionarios docentes y sanitarios cuando se hallen en el ejercicio de sus funciones.
El artículo 554 amplía esta protección a miembros de las Fuerzas Armadas en servicio, bomberos, personal sanitario en emergencias, equipos de socorro y personal de seguridad privada cuando actúen bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
En ningún caso existirá delito de atentado a la autoridad cuando la agresión se produzca fuera del ejercicio de la función pública o sin relación con esta.
¿Con qué pena se castiga el delito de atentado a la autoridad?
La pena aplicable depende de la condición de la víctima y de las circunstancias concurrentes. El Código Penal contempla un tipo básico, unas agravantes específicas y un tipo agravado.
Tipo básico
De acuerdo con el artículo 550 del Código Penal, se castiga con pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses cuando el atentado se dirige contra una autoridad. En los demás casos, la pena será de prisión de 6 meses a 3 años.
Tipo agravado
El artículo 550.3 del Código Penal prevé una modalidad agravada para los atentados cometidos contra altas autoridades del Estado, como miembros del Gobierno, de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas, de las Cortes Generales, de las asambleas legislativas autonómicas, de las corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, así como jueces, magistrados y fiscales. La pena en estos casos es de prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses.
Agravantes específicas
El artículo 551 del Código Penal establece que se impondrá la pena superior en grado a la pena indicada cuando concurran ciertas circunstancias, concretamente:
- El uso de armas u objetos peligrosos.
- La comisión de actos violentos que pongan en peligro la vida o la integridad física de las personas.
- El empleo de vehículos a motor en el acometimiento.
- La comisión del hecho durante un motín en un centro penitenciario.
¿Qué ocurre si se produce un resultado lesivo cuando se atenta contra la autoridad?
El delito de atentado contra la autoridad es un delito de mera actividad, por lo que su consumación no requiere que se produzca un resultado lesivo. Basta con que se lleve a cabo la conducta típica (agresión, acometimiento, intimidación grave o resistencia activa grave).
Ahora bien, si como consecuencia del atentado se produce un resultado adicional, por ejemplo lesiones, homicidio o coacciones, dichos hechos serán castigados de manera independiente, aplicándose las reglas del concurso de delitos previstas en el Código Penal.
Esto significa que, junto a la pena impuesta por el atentado a la autoridad, se añadirán las sanciones correspondientes al delito resultante.
¿Y si se prepara el delito pero no se llega a cometer?
El Código Penal castiga también los actos preparatorios del delito de atentado a la autoridad. El artículo 553 establece que la provocación, conspiración y proposición para cometer este delito serán sancionadas con la pena inferior en uno o dos grados a la prevista para el delito consumado.
Con ello, el legislador pretende reforzar la protección de la función pública, sancionando no solo la agresión efectiva, sino también las conductas que revelen una clara voluntad de atentar contra la autoridad, aunque no lleguen a consumarse.